Ante los desperfectos reportados en el puente vehicular La Rioja, en Monterrey, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó un Punto de Acuerdo para solicitar una revisión de la obra y esclarecer tanto las condiciones de su construcción como el manejo de los recursos públicos destinados al proyecto.
La legisladora señaló que, a pocos meses de su inauguración, la infraestructura presentó afectaciones en el pavimento y sus elementos laterales, entre ellas una fisura horizontal de aproximadamente seis metros en uno de sus muros, situación que hace necesario conocer las causas de los daños y garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por la zona.
Además de las condiciones físicas de la obra, existe una preocupación por la falta de transparencia en torno a su construcción, pues, se han presentado 277 solicitudes de acceso a la información relacionadas con el puente, de las cuales 71 presuntamente ya habrían vencido su plazo legal de respuesta sin que el Municipio de Monterrey entregara la documentación correspondiente.
“Una reparación no sustituye la obligación de demostrar que una obra pública fue construida correctamente y que puede cumplir con su función en condiciones adecuadas. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, cómo se ejercieron los recursos y si la infraestructura es segura”, expresó.
Por ello, mediante el Punto de Acuerdo se exhortó al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que informe sobre el estado de las solicitudes, los recursos de revisión promovidos y las medidas adoptadas para garantizar que sean atendidas.
Asimismo, se solicitó a la Auditoría Superior del Estado realizar una Revisión de Situación Excepcional sobre la obra, a fin de verificar la correcta aplicación de los recursos públicos, el cumplimiento de los contratos y las especificaciones técnicas, así como la calidad de los materiales y los trabajos realizados.
La propuesta también contempla exhortar al Municipio de Monterrey a hacer pública la información técnica sobre las afectaciones, incluidos los dictámenes estructurales, resultados de pruebas, reparaciones efectuadas y garantías aplicables.
“La transparencia no es una concesión de los gobiernos, es una obligación legal frente a la ciudadanía. No podemos normalizar que las obras públicas presenten fallas y que, además, las solicitudes de información queden sin respuesta”, concluyó.