Gracias a labores de inteligencia e investigación, así como de la estrecha
coordinación interinstitucional entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, se
logró la captura de un objetivo prioritario presuntamente vinculado a un grupo
delictivo con presencia nacional e internacional.
El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional
(Defensa), a través del 51/o Batallón de Infantería adscrito a la 19/a Zona Militar
con sede en Tuxpan, Veracruz; en coordinación con la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía
General del Estado de Veracruz (FGE), la Fiscalía General de Justicia del Estado
de Nuevo León (FGJNL) y Fuerza Civil; mediante análisis desarrollados por la
División de Inteligencia e Investigación de la nueva Fuerza Civil.
Fue derivado de trabajos de inteligencia estratégica, análisis de datos
operativos y tácticos; y monitoreo analítico dentro de las unidades especializadas
y en campo; así como del seguimiento permanente a líneas de investigación
relacionadas con generadores de violencia que operan en la región noreste del
país, que se logró geolocalizar y detener a Jaime N. alias “Kakino” o “Román”; junto
con uno de sus cómplices que se identificó como Moisés N. Esto, en el municipio
de Los Naranjos, Veracruz.
Jaime N. es identificado como objetivo prioritario por su presunta
participación dentro de dicha estructura criminal.
De acuerdo con la información obtenida por las áreas de inteligencia, el
“Kakino” cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos de alto
impacto, entre ellos: plagio, secuestro, privación ilegal de la libertad y
desaparición forzada de personas. Asimismo, es señalado como presunto
mando regional con presencia operativa en los estados de Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo.
Estas acciones son resultado del intercambio permanente de información, el
uso de capacidades avanzadas de inteligencia e investigación y la coordinación
táctica entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, lo que permite
continuar debilitando estructuras criminales y contener a generadores de violencia
que atentan contra la paz y la seguridad de la ciudadanía.