APRUEBA CABILDO DE MONTERREY CONVENIO DE COLABORACIÓN ELECTORAL Y CONVOCATORIA PARA JUECES CÍVICOS

En la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al mes de octubre de 2026, el Cabildo de Monterrey aprobó dos asuntos relacionados con la coordinación institucional en materia electoral y el fortalecimiento del sistema de justicia cívica en la ciudad.

Como parte de los acuerdos, se autorizó al Gobierno Municipal suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), con el propósito de establecer mecanismos de coordinación para el próximo proceso electoral.

El acuerdo contempla la identificación de vías públicas y espacios de uso común que podrán destinarse a la instalación de bastidores y mamparas para partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como el préstamo de inmuebles propiedad del Municipio.

Estos espacios también podrán utilizarse para la organización de debates, capacitaciones, cursos y otras actividades relacionadas con el desarrollo de las jornadas electorales, siempre en apego a la normatividad vigente.

En otro punto de la sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron emitir la convocatoria para que profesionales del Derecho interesados participen en el proceso de selección para ocupar 28 plazas de jueces cívicos en Monterrey.

De acuerdo con lo aprobado, quienes resulten seleccionados tendrán un nombramiento por un periodo de tres años, con posibilidad de volver a postularse. El procedimiento garantizará la paridad de género en la integración de este cuerpo de autoridades.

Los jueces cívicos desempeñan una función fundamental en la atención de faltas administrativas y la resolución de conflictos comunitarios mediante mecanismos de diálogo y conciliación, con el objetivo de evitar que las diferencias cotidianas escalen a situaciones de mayor gravedad.

Este modelo contempla audiencias en las que las personas involucradas tienen la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que se emita una resolución. Entre las medidas que pueden determinarse se encuentran amonestaciones, multas, arrestos de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad.

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